"Necesitábamos justicia y la logramos después de mucha lucha pero es injusto que estén con prisión domiciliaria y no en una cárcel", dijo la madre de una de las víctimas.

A 16 años de la denominada "Masacre de Quilmes", en la que cuatro adolescentes murieron en un incendio iniciado en los calabozos de la comisaría primera de esa localidad durante un motín a raíz de torturas a las que habían sido sometidos, los familiares de las víctimas reclaman que los 10 policías condenados cumplan prisión efectiva, mientras esperan el inicio del proceso a otra oficial que aún no fue juzgada.

"Necesitábamos justicia y la logramos después de mucha lucha pero es injusto que estén con prisión domiciliaria y no en una cárcel", dijo a Télam Elvia González, madre de Diego Maldonado (15), quien murió junto a Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueoa (17) tras el incendio originado el 20 de octubre de 2004 en la dependencia situada en Alem y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes.

"Pensé que no lo íbamos a lograr porque había otros casos similares y terminaban sobreseídos. Los jueces me cerraron la boca porque gracias a Dios fueron juzgados", agregó la mujer al referirse a los 10 policías que en 2015 fueron condenados en un juicio oral y que en 2018 recibieron una reducción de sus penas por la Cámara de Casación Penal.

No obstante, como las condenas no están firmes, ninguno está en prisión.

Por su parte, Tobías Corro Molas, referente social del barrio Villa Itatí, donde vive González, y quien acompañó durante todo el proceso a las familias de los adolescentes fallecidos, dijo a Télam que fue "el empoderamiento de las madres" lo que llevó a que se logre una condena y a que ahora se reactive un segundo proceso a una policía que no fue juzgada en el primer debate.

"Es una muestra de la continuidad de la lucha", dijo sobre el juicio que está previsto y al que llegará una policía que inicialmente no había sido imputada y que en el debate fue involucrada por testigos.

La "Masacre de Quilmes" ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.

En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes.

La madre de Maldonado aseguró que su hijo estaba detenido "por error", ya que la policía buscaba a otro chico con el mismo nombre que tenía pedido de captura y que como era adicto al paco le había pedido a la Justicia que le buscara "un lugar piola donde pudiera dejar de consumir por su mamá y su abuela".

"Diego era muy bonito, se mandaba sus macanas pero con nosotros, le robaba solo a la familia. Siempre que lo detuvieron fue por averiguación de antecedentes", agregó la mujer acongojada.

González recordó que tras el pedido que hizo para poder dejar de consumir, la jueza de Garantías decidió dejarlo alojado en la comisaría de Quilmes, ya que iba a estar a resguardo.

Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.

Isabel Figueroa, madre de Manuel, aseguró en diálogo con esta agencia que "para ellos (los policías) fue natural que los chicos recibieran palizas a cualquier hora" y recordó que ese día "estuvieron festejando un ascenso y como los chicos hacían ruido, les dijeron que si no se callaban volvían y los mataban a golpes, lo que cumplieron".

La mujer dijo que su hijo, al igual que Maldonado, era adicto al paco y que había sido detenido tras una denuncia de una vecina, a quien le había robado una bicicleta.

"Dijeron que era peligroso para los demás y lo dejaron ahí para que se recuperara de las drogas hasta conseguir un cupo en un centro de rehabilitación. Al otro día de morir nos dijeron que había cupos para los chicos", recordó con la voz quebrada.

Por las torturas y el incendio, se encuentran sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D´Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados "casa por casa" por los familiares de las víctimas, la oficial Romina Guaquinchay fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada.

Guaquinchay, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.

En la causa en la que ahora está acusada y por la que será llevada a juicio, al menos tres testigos la mencionaron con un palo en la mano.

El inicio del juicio a la policía por "omisión de evitar tortura", delito que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión, estaba previsto para el 19 de marzo, aunque fue suspendido y pospuesto sin fecha firme por el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus.

Los familiares esperan que esta oficial "sea condenada al igual que sus compañeros", dijo Corro Molas.

"Queremos que sea condenada y que su participación no quede impune. A diferencia del 2015, el delito está probado y hay tres testigos que la ubican en el lugar y que la vieron pegar", concluyó.