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Miles de franceses protestan contra una insólita ley de seguridad que impulsa el Gobierno

Se avivó la ira por un proyecto de ley que podría restringir el derecho de los periodistas a informar sobre la brutalidad policial.


Decenas de miles de franceses se volcaron hoy a las calles para protestar contra un proyecto de ley de seguridad, considerado una mordaza por sus detractores, en medio de un nuevo caso de violencia policial que tiene al Gobierno de Emmanuel Macron en aprietos.


En el centro de las protestas figuran tres artículos que castigan la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones, así como imágenes tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles a las fuerzas del orden.



Miles de personas marcharon de manera pacífica en más de setenta ciudades en todo el territorio, como Lille, en el norte del país, y Montepellier, en el sudeste.


En París, unos 46.000 manifestantes se concentraron esta tarde en la plaza de la República y marcharon poco más de dos kilómetros hasta la plaza de la Bastilla, según datos de la Policía local.


"Policía en todas partes, justicia en ninguna parte", "Estado policial" y "sonríe mientras te golpean" eran algunos de los lemas más coreados en la manifestación parisina, que se desarrolló principalmente de manera pacífica.



Sin embargo, al final de la tarde, se registraron algunos incidentes cerca de la plaza de la Bastilla entre uniformados y manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro y encapuchados, que levantaron barricadas, prendieron fuego a mobiliario urbano y lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, informó la agencia de noticias AFP.


Más tarde, nuevos choques se produjeron en la plaza de la Bastilla, donde individuos incendiaron un quiosco de prensa y un restaurante, y la policía respondió lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras los organizadores llamaban a la dispersión, reportó la cadena Bfmtv.



En el centro de la controversia, está el artículo 24 que castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros de multa la difusión "malintencionada" de imágenes de las fuerzas del orden.


El Gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y amenazas en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.


Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.


También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés "sanciona los actos, no las intenciones".


En medio del debate por la sanción de la ley, dos casos de violencia policial reavivaron el debate y desataron un verdadera crisis en el Gobierno de Macron.


El lunes durante una actividad de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y agredieron a los periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.


Mientras el jueves, unas cámaras de seguridad mostraron la paliza que tres policías propinaron a un productor de música negro.



La prensa, las redes sociales y algunos deportistas de renombre internacional denunciaron la violencia policial.


"Imágenes que nos dan vergüenza", denunció Macron y le encargó al Gobierno que le presente "rápidamente propuestas" para "luchar con más eficacia contra todas las discriminaciones".


Ante la indignación provocada por el artículo 24, el primer ministro, Jean Castex, trató de buscar una salida con la creación de una "comisión independiente encargada de proponer una nueva redacción", pero la iniciativa es rechazada por parlamentarios de todo el espectro.


Incluso desde Bruselas, la Comisión Europea dijo el lunes que los periodistas deben poder "hacer su trabajo libremente y con seguridad".



La coordinación de las protestas reclama "la retirada de los artículos 21, 22 y 24" del proyecto de ley y la "retirada del nuevo esquema nacional de mantenimiento del orden" publicado en septiembre, que durante las manifestaciones obliga a los periodistas a dispersarse cuando las fuerzas de seguridad den la orden, impidiéndoles cubrir el desarrollo de los acontecimientos, a menudo turbulentos en los últimos tiempos.


El proyecto de ley fue aprobado el martes en la Asamblea Nacional (Diputados) pero el texto sigue provocando polémica y promete mantener el pulso en las calles de cara al debate en el Senado que se dará en poco menos de dos meses.

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